En el año 1996 hablar en Paraguay sobre el cuidado que requiere el medio ambiente era, si no arriesgado, al menos atípico. La consciencia que actualmente existe al respecto era en ese entonces una utopía: se creía que solo los biólogos e ingenieros forestales debían involucrarse en esas causas.
Sin embargo, un grupo de profesionales del Derecho entendió que la única vía real para garantizar la sostenibilidad de la riqueza natural era la creación y aplicación de reglamentaciones establecidas por el propio Estado. La consigna fue buscar los mecanismos para que que el desarrollo sostenible trascienda el discurso ético y se posicione dentro de la agenda de poder.
Así nació IDEA, la primera -y hasta ahora- única organización sin fines de lucro dedicada al ámbito legal del medio ambiente en Paraguay. Es difícil resumir el trabajo de tantos años pero es posible decir que participó, a través de todas las personas que pasaron por la organización, en los procesos de estudio y creación de todas las normativas ambientales que rigen en la actualidad.
En sus inicios se concentró en la conservación de tierras privadas y áreas silvestres protegidas, pero fue ampliando su campo de acción respondiendo a las necesidades que fueron surgiendo. Así, en el año 2003 publicó la primera literatura derecho ambiental en Paraguay, se trata de una recopilación comentada de las leyes existentes hasta ese momento. Esta publicación fue actualizada posteriormente en el año 2010 y con dos versiones más en 2013.
Estos trabajos ayudaron al posicionamiento de la organización, permitiendo de esa manera que formara parte de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN), a la cual todavía pertenece. De hecho, en 2005, la primera directora de IDEA, Sheila Abed, fue electa presidenta de la Comisión de Recursos Naturales de UICN.
Todas estas tareas convirtieron ya en ese entonces a IDEA en el principal referente en el sector y como tal, a integrar la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Ambiente, de la Cámara de Diputados, en calidad de asesor Ad Honorem.
Algunas de las legislaciones estudiadas y aplicadas en ese periodo son: la Ley de Aguas Subterráneas por la cual se estableció que todo que todo recurso hídrico bajo tierra paraguaya fuera de dominio público. Fue el primer resultado concreto de todo el trabajo realizado hasta entonces. El siguiente paso, en coalición con otras organizaciones, fue trabajar la Ley de Aguas en 2007. También fue parte de la creación de la Ley de Servicios Forestales, así como La ley de biocombustibles.
Con las leyes ya aprobadas se tropezó desde entonces con dos problemas: la primera era la falta de información sobre los propietarios, áreas de trabajo, licencias y documentaciones para poder identificar cuáles trabajos -o desmontes- se enmarcan o no en la Ley. La segunda, y más importante, era la falta de recursos de las entidades estatales para el monitoreo, control y verificaciones necesarias para el cumplimiento de las normas.
Esto motivó a los integrantes de IDEA a trabajar en una misión estratégica: conseguir liberar los datos de instituciones públicas que pudieran afectar intereses de la comunidad en general.
Una de las principales asesorías realizadas por IDEA fue el fortalecimiento de la entonces Secretaría del Ambiente (Seam), en numerosas resoluciones y entre estas, la más importante fueron sus aportes para el Procedimiento -actual resolución 1881/2005 y sus actualizaciones-. Esta resolución es la que establece cómo se llevan adelante los sumarios del actual Ministerio del Ambiente, aportando la seguridad jurídica para todos los sectores de la sociedad.
Para todos estos procesos fue necesario un amplio trabajo de campo realizado por los profesionales de la organización, con transparencia y objetividad. Hubo momentos en los cuales fue necesario defender a capa y espada los espacios como durante la campaña “Defendamos el Defensores”, para pedir al Poder Ejecutivo la derogación del Decreto N° 7702, por el cual se reglamenta el Artículo 42 de la Ley Forestal.
Paralelamente, la organización empezó a hacer litigios en materia ambiental. Uno de esos casos y quizá el más emblemático, fue el de IDEA contra el Banco Nacional de Fomento. Fue un juicio que generó varias cuestiones muy importantes: formalmente se perdió, pero se ganó mucho porque la justicia empezó a entender que el derecho al ambiente es un derecho humano.
Durante el litigio se concedieron medidas cautelares sin ningún tipo de contracautela y quedó claro, después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que la acción popular que se establece en el artículo 38 de la Constitución Nacional no solamente era ejercible por vía del Amparo sino por cualquier otra vía. Esto abrió la posibilidad de iniciar acciones populares a través de un procedimiento ordinario o haciendo denuncias.
Más adelante, a través de una demanda la organización impidió que el entonces político colorado Magdaleno Silva se apropiara de unas tierras que luego pasaron a formar parte del Parque Nacional Paso Bravo. Esto fue justamente ejerciendo la mencionada acción popular.
Años más tarde utilizando la figura de Patrimonio Cultural, IDEA trabajó para impedir la instalación de una estación de servicios a metros de la Estación Central del Ferrocarril en Asunción.
En 2005, a través de un pedido de inconstitucionalidad por un caso sobre aserraderos en las fronteras, la Corte Suprema de Justicia paraguaya, expidió una medida cautelar para que se suspendieran todas las actividades mientras no se contara con licencias ambientales, logrando que todos los aserraderos se pusieran en regla.
En 2013 la organización también colaboró con la modificación del decreto 453 de Impacto Ambiental. Esta normativa es la que rige actualmente el procedimiento en la materia
También se colaboró en el proceso de levantamiento de la Ley Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
Con la presentación del emblemático caso de Daniel Vargas Téllez, IDEA vuelve a marcar un hito en la defensa del derecho humano al Acceso a la Información Pública. El ciudadano había solicitado a la Municipalidad de San Lorenzo la nómina de funcionarios y los haberes que estos percibían. Esto dio pie a otras solicitudes similares y motivó a IDEA a volver a centrarse en el objetivo de logar una Ley de Acceso a la Información Pública para obtener datos precisos sobre las actividades realizadas por el sector productivo que pudieran ir en detrimento de las leyes ambientales vigentes y que finalmente se aprobó en 2014. Para la organización, el funcionamiento pleno de la normativa, es fundamental.
Esto significa un gran recorte de costos para las instituciones como en este caso el Ministerio del Ambiente. De la misma manera, obliga a los productores a contar con documentación sobre las actividades que están realizando.
IDEA redactó e impulsó el proyecto de ley y desde entonces realiza el seguimiento jurídico para la aplicación plena de la legislación. Esto posicionó a la organización como referente sobre el tema en nuestro país y en la región.
El 7 de junio de 2019, se marcó el primero de los hitos con respecto a esta gran lucha: la presentación de la primera denuncia por deforestación, basada íntegramente en información pública y el cruzamiento de datos con un software libre. La denuncia, de 47 páginas, contiene los datos precisos para que el Ministerio Público actúe, ahorrándose una gran cantidad de dinero en traslados y verificaciones, ya que los datos satelitales obtenidos, son de máxima confiabilidad.
IDEA también acompañó todo el proceso legal por el cual se logró la primera condena (en este caso desafuero) al diputado de Canindeyú, Julio Colmán por haber cometido un hecho punible en materia ambiental. Fue el primer legislador desaforado por haber cometido un delito de esta índole.
Otro de los mayores orgullos para la organización fue el impulso y asesoramiento para la distritación de Bahía Negra, el municipio más septentrional de nuestro país, ubicado en el departamento de Alto Paraguay, a 830 km de Asunción. Esta población todavía ocupa una posición preponderante en la agenda de IDEA y mediante, el proyecto Pantanal-Chaco (PaCha), desarrollado en conjunto con Guyra Paraguay y WWF, podrá ser el primer distrito paraguayo en aplicar un Plan de Ordenamiento Urbano Territorial.
Esto le permitirá generar el impulso económico que necesitan sus pobladores, sin descuidar su riqueza natural ni alterar el sensible ecosistema en el que está asentada la población.
Llevar la sustentabilidad a la práctica requiere de un marco de fortalecimiento democrático, de una mejora de aplicabilidad de la ley ambiental, respetando rigurosamente los Derechos Humanos, y combatiendo la corrupción, principios que son básicos para poder hablar de un Estado de Derecho.
En sus 23 años, la organización amplió sus alcances, creció y se involucró en nuevas causas, superó varios de sus mayores desafíos y fracasó en otros, pero desde el primer minuto y desde el primer grupo de personas que la conformó -de las cuales ya ninguna está actualmente- mantuvo una línea clara de compromiso con la transparencia, el desarrollo sustentable y el medio ambiente.