Paraguay se apresta a transitar un nuevo proceso electoral del cual saldrán los representantes del pueblo (el soberano) para el período 2023-2028.
Desde hace unos años y con más fuerza en los últimos días con los acontecimientos que aún se siguen sucediendo con el operativo “A Ultranza”, estamos siendo testigos de que en los tres poderes del Estado que conforman el gobierno de la República, gobierno en el que recae el ejercicio efectivo de la representación del pueblo, quien manda no es ese pueblo soberano sino bandas de criminales.
Ya no se trata solamente de corruptos impunes que asaltan el erario, trafican influencias y crean clanes de parientes y amigos, esto es, de los corruptos “tradicionales”; estamos hablando de instancias de representación del pueblo en las que algunos, cada vez más, responden a bandas criminales transnacionales y usan la estructura del Estado paraguayo para delinquir a nivel internacional.
Y estos casos están saliendo a la luz mayormente por la cooperación de servicios de inteligencia de países amigos, ya que el Estado paraguayo está prácticamente paralizado ante los criminales.
¿Queremos terminar siendo un estado fallido copado definitivamente por el crimen organizado en el que terminemos siendo vasallos de criminales de la peor calaña?
Depende de nosotros frenar este despropósito. ¿Cómo? Sí, con el voto; y con la mayor participación posible reclamando, señalando, escrachando, haciéndoles sentir nuestro desprecio a los corruptos y a los narcopolíticos en la calle. También haciendo solicitudes de acceso a la información, sacando a la luz las inconsistencias de sus declaraciones juradas. En suma, exponiéndolos.
Por otra parte, requerimos de candidatos que públicamente se comprometan a combatir a la narcopolítica, expresando ese compromiso en acciones concretas como, por ejemplo, sometiéndose al más profundo escrutinio público haciendo públicas todas sus vinculaciones, haciendo público su patrimonio y la forma en la que lo obtuvieron y rindiendo cada centavo que usen en sus campañas proselitistas.
A partir de ahora, el control constante de las instituciones del Estado y de quienes las conforman es crítico para salvar a nuestro país de la sumisión al crimen internacional.