La protección de los recursos hídricos es fundamental para mitigar los impactos negativos del cambio climático. Por ello es imprescindible que la información ambiental esté al alcance de todas las personas para que así se promueva la adopción de medidas capaces de evitar daños irreversibles al planeta y, por ende, a las personas.
La gestión adecuada de los recursos hídricos contribuye a mitigar los efectos negativos del cambio climático, mejora la capacidad de resiliencia y adaptación. Para implementar una adecuada política pública, se requiere un nivel elevado de información científica, socioeconómica y jurídica, así como el monitoreo constante de indicadores ambientales.
La información pública es un instrumento de gestión ambiental, ya que el monitoreo de proyectos lo puede realizar cualquier persona, no solo los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) o de los municipios. Esto sería como expandir de manera fáctica y exponencial los recursos humanos de las instituciones con competencia ambiental, a un costo relativamente bajo ya que solo se requiere de una mínima inversión en tecnología.
Si las obras y actividades que explotan los recursos hídricos se proyectan sin ningún tipo de control e información pública al respecto, se podría llegar a la indeseable situación de que actividades productivas deban ser prohibidas de manera temporal por impactos ambientales acumulativos que sean de difícil mitigación.
Frente a la carencia de información pública, también se puede deducir la dificultad para obtener información de certeza científica en cuanto a los datos relacionados con el cambio climático y la adopción de medidas de mitigación.
En cuanto a la gestión de recursos hídricos, por ejemplo, se carece de datos sobre cómo impacta en las comunidades la suma de los permisos de aprovechamiento para actividades comerciales.
Actualmente, el MADES posee un Sistema de Información Ambiental (SIAM), donde expone una serie de “indicadores ambientales”, como el “Nivel de Calidad del Aire”, “Concentración anual de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO)”, “Emisión anual de GEI (gases de efecto invernadero) en sector uso de suelo, Cambio de uso de suelo y silvicultura (AFOLU)”, “Emisión anual de GEI en sector agricultura”, entre otros.
Sin embargo, no toda la información relacionada con estos indicadores ambientales es pública ni accesible, por ende no se generan oportunidades para corregir o fortalecer las políticas públicas desde la sociedad civil. Esto a pesar de que el Art. 10 de la ley 5282, en su inciso J, esteblece que todas las instituciones dependientes del Estado deben estan disponibles para todas las personas.
Con estas herramientas se facilita a la sociedad civil para participación en el control la gestión de sus autoridades en el otorgamiento de permisos y licencias que afectan al ambiente. Además permite controlar la situación real del medio ambiente, que es de vital importancia considerando el momento crítico en que se encuentra el planeta.
Por otro lado, se debe recordar que la actual ley de recursos hídricos (ley 3239) carece de una reglamentación jurídica con base en parámetros técnicos y científicos. Esto, de por sí, lleva a un incumplimiento grave de las obligaciones enunciadas en esa ley.
IDEA, con apoyo de Fondos Canadá, se propuso el objetivo de visibilizar las fortalezas y debilidades de las políticas públicas en materia de gestión de recursos hídricos, con base en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
El objetivo es acercar a las autoridades recomendaciones para optimizar o adaptar o sostener las políticas públicas en materia de recursos hídricos. Una adecuada gestión de éstos recursos es vital para hacer frente al cambio climático.