Este jueves se anunció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidirá sobre un caso de información pública. Será la tercera vez que el Pleno entienda sobre este derecho, un hecho nuevamente histórico y con la oportunidad de volver a marcar un hito que sacuda los cimientos de la corrupción.
Se trata de una acción de inconstitucionalidad presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP) contra el amparo promovido por Hugo Portillo para la publicidad del acta de una sesión en la que se habría favorecido a Ramón González Daher, para el cobro de USD 4 millones de ARA S.A de Finanzas.
Al momento del supuesto cobro, ARA S.A. ya estaba en quiebra y el monto percibido estaba muy por encima del límite previsto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El pedido buscaba comprobar la intencionalidad de la autorización del BCP.
Portillo está representado por Ezequiel Santagada como abogado de la Clínica Jurídica de Acceso a la Información Pública, con apoyo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). El escrito fundamentó que, al estar intervenida judicialmente, ARA S.A. ya no estaba amparada por el secreto bancario según la Ley 489/95.
En primera instancia, se resolvió por SD N° 41 del 21 de junio de 2019 a través del Juzgado Penal de Garantías N° 12, resolviendo que la información solicitada no estaba exceptuada por algún supuesto de secreto bancario.
La acción presentada por el BCP está basada en dos ejes centrales:
1) la supuesta arbitrariedad de la sentencia de primera instancia que amparó el derecho.
2) la supuesta violación del derecho a la intimidad personal y a la inviolabilidad del patrimonio documental.
Ambos puntos deberán ser analizados por el Pleno de Corte Suprema de Justicia.
El BCP no cuestionó la decisión judicial de segunda instancia, únicamente busca que el Pleno de la Corte interprete la ley en sentido contrario a lo decidido en primera instancia (que es lo mismo que se decidió en segunda instancia y por los mismos fundamentos).
Durante el proceso, la propia Fiscalía General del Estado expidió un dictamen en el cual rechaza la acción de inconstitucionalidad, promovida por el BCP.
Leé el documento completo acá: https://bit.ly/3kEzqgA
Más allá de la relevancia que puede tener este caso en la lucha contra la corrupción en el país, la decisión es fundamental para el proceso de transparencia y para sentar un nuevo e histórico precedente para el derecho a la información pública.
El anuncio de que será el pleno de los ministros de la CSJ quien decida, se dio justo cuando se cumplían seis años de entrada en vigor de la Ley 5282, de Acceso a la Información Pública y a días de la celebración internacional del acceso a la información.