La condena al ex legislador Víctor Alcides Bogado González quedó firme hoy. Este hecho representa un gran logro para la ciudadanía, ya que fue uno de los primeros casos de corrupción detectados a través del libre acceso a la información pública y es, sin duda, un ejemplo del valor que tiene el involucramiento ciudadano y el periodismo de investigación.
La información pública es la herramienta más importante para luchar contra la corrupción y la impunidad. Gracias a ella, el ex legislador fue denunciado en 2013 como cómplice en un cobro indebido de honorarios, ya que nombró en la Cámara de Diputados a Gabriela Quintana, aparente niñera de sus hijas, con un sueldo de G. 13.237.400.
Quintana también fue nombrada como funcionaria técnica de la Itaipú Binacional, con un salario mensual de G. 8.793.300. La “niñera de oro” también fue acusada por la Fiscalía por cobro indebido de honorarios. El 24 de octubre de 2013 fue imputada Quintana, y el 4 de junio de 2014 ocurrió lo mismo con Bogado.
Tras varios años, el 3 de mayo de 2019, el Tribunal Colegiado de Sentencia, integrado por los Jueces Penales Elio Rubén Ovelar Frutos como Presidente y Juan Carlos Zarate Pastor y Víctor Manuel Medina Silva como Miembros Titulares, resolvió, mediante S.D. N° 128, condenar por el hecho punible de “cobro indebido de honorarios” a Gabriela Quintana y a Víctor Bogado. Este último fue condenado a una pena privativa de libertad de un año con “suspensión a prueba de la ejecución de la condena” por el plazo de dos años. Además, se le obliga a pagar G. 20 millones durante 24 meses como parte del resarcimiento del daño. El dinero será destinado a diferentes fundaciones.. El 13 de mayo de ese año, el ex legislador fue despojado de su investidura como senador por el supuesto de “uso indebido de influencias”.
Frente a esa decisión judicial tomada por el Tribunal de Sentencia, el ex legislador presentó un recurso de apelación. El mismo fue desestimado mediante el A y S N° 61 del 24 de octubre de 2019 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala. Así, se confirmó la S.D. N° 128.
El 29 de octubre de 2019, Bogado presentó una acción de inconstitucionalidad. Por A.I. Nº 1917, de fecha 13 noviembre de 2020, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada con los Ministros Cesar Diesel y Alberto Martínez Simón y el Magistrado Giuseppe Fossati López rechazó “in limine” la acción.
Tras esa decisión, en noviembre pasado, Bogado volvió a presentar un recurso de reposición para intentar una vez más que la condena no se ejecute, pero en la tarde de hoy, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)-Integrada por los magistrados César Diesel, Alberto Martínez Simón y Giuseppe Fossati- resolvió no hacer lugar al recurso.
Desde el inicio del proceso judicial, la incidencia ciudadana a través de las redes sociales y el permanente seguimiento del caso en los medios de prensa, fueron fundamentales para que este caso no quedara en el “opareí”. Fundamentalmente, se destacó la labor de gremios como la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) en su rol cívico para monitorear casos de corrupción y que estos no queden en la impunidad.
Se trata de un ejemplo más del poder del involucramiento ciudadano y de que es real la premisa de que cuanto más control ejerce la ciudadanía, menos oportunidades tiene la impunidad.
Desde IDEA, instamos a la Corte Suprema de Justicia a que actualice el expediente en el Observatorio de Causas Judiciales con esta última resolución, publique la resolución que quedó firme (S.D. N° 128) y que el expediente judicial sea de libre acceso para cualquier persona y, de igual manera, que el mismo esté levantado en su totalidad en la página web del Poder Judicial.
Esta decisión toma una particular importancia, a pocos días de celebrar el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre).