La Abogacía del Tesoro, del Ministerio de Hacienda, marcó un importante precedente administrativo con la publicación de la nómina de accionistas de una empresa, aparentemente proveedora del Estado. Fue en respuesta al pedido de acceso a la información pública realizada por Francisco José Ignacio Aguilera.
Se trata del pedido #33317 que se puede observar en el portal informacionpublica.paraguay.gov.py, junto con todas las documentaciones de la respuesta. En su pedido, Aguilera argumenta que “esta información es solicitada a fin de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas pueda verificar quiénes son los sujetos obligados bajo la Ley 6355/19 respecto a la presentación de las declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República en el marco de una protesta”.
Además señala que “como esta información es procesada por Abogacía del Tesoro y no reviste el carácter de confidencial ni privilegiada según las normas aplicables, la misma debe ser obligatoriamente remitida en carácter de información pública, más aun teniendo en cuenta que esta información es necesaria para verificar el cumplimiento de un requisito legal para empresas proveedoras del Estado”.
El Ministerio de Hacienda proveyó la información solicitada en plazo y cumpliendo todos los requisitos de la normativa.
“Aquí lo importante es que Hacienda consideró esta información como pública y cumplió a cabalidad con lo que manda la Ley 5282/2014. Dando paso a futuros pedidos similares que harán mucho más sencillo el monitoreo ciudadano sobre el uso de los fondos públicos”, señaló Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA.
Este precedente es fundamental para impulsar la exploración de potenciales conflictos de intereses entre accionistas de una empresa y altos funcionarios del Estado. El caudal de información que podrá extraerse de esa fuente, servirá para cruzar con los datos de las declaraciones juradas de bienes y rentas que ya fueron publicadas por la Contraloría General de la República y aquellas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía.
Santagada afirma que «podríamos saber con mayor facilidad si entre los accionistas hay funcionarios o familiares de éstos; esto es, si hay o no conflictos de intereses. También nos permitía saber si distintas sociedades tienen vinculaciones entre sí a través de sus socios. Nos permitiría descubrir cárteles de proveedores del Estado; o bien, firmas que tienen los mismos socios de otras firmas previamente sancionadas».
Por otro lado, esto demuestra la necesidad de avanzar en reformas que conduzcan a mayor transparencia en el Estado, a fin de prevenir conflicto de intereses.
Paralelamente, demuestra que la ciudadanía interesada en participar del control del dinero público, puede hacerlo a través del Portal Unificado de Información Pública. Si bien todavía existe un largo listado de instituciones del Estado que no están habituadas a proveer la información en tiempo y forma, esto también es parte de un proceso en el que cada paraguayo debe participar para lograr la transparencia plena del Estado.