El Índice Global de Impunidad 2020 revela un dato que tristemente, ya no sorprende: Paraguay está entre los 10 países del mundo con sistema judicial más endeble y con mayor impunidad. Ante esto, la única solución posible no viene de los políticos sino de una ciudadanía que exija transparencia e independencia del poder judicial.
El informe de la Universidad de las Américas de Puebla, México, ubica a Tailandia en el primer lugar de los países con una justicia más endeble, seguido de Honduras. Y aunque en el informe no se incluya a países como Argentina, Brasil y otros de la región ya que sus informaciones oficiales tenían “irregularidades e inconsistencias”, Latinoamerica es la región con mayor índice de impunidad en el mundo.
¿Qué es entonces lo que hace a Paraguay tan diferente a los países de Europa y tan similar a los de nuestra región? Fundamentalmente es que en estos países “de primer mundo” la sociedad no tolera la impunidad y el poder judicial es independiente, no se deja llevar por injerencias políticas.
En Paraguay cada vez contamos con más herramientas que podrían facilitar un control estricto de los movimientos económicos para evitar la corrupción como primer paso. Pero la ciudadanía todavía debe exigir fehaciente y constantemente que el Ministerio Público actúe, investigue los hechos, los lleve a la Justicia y una vez allí, esforzarse para que los jueces del caso no se dejen llevar por un “telefonazo”.
No es una tarea fácil, implica compromiso, tiempo y esfuerzo que muchas veces para el ciudadano común, con un trabajo y una familia, resulta complicado. Pero la construcción de un país justo y equitativo implica una responsabilidad social, implica que todos debemos dedicarle unos minutos, solo así lo podremos hacer posible.
Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA, afirma que la impunidad es lo que alienta a la corrupción y esta, a su vez, impide que en nuestro país se pueda tener un desarrollo sostenible. No se realizan las inversiones en educación, salud ni infraestructura, de modo que es un mal que afecta a toda la población independientemente de su status social o económico. Además, figurar en listas como estas, desalientan las inversiones extranjeras, ya que no existe seguridad jurídica.
Consultado al respecto, David Riveros, director de la organización reAcción, de Ciudad del Este, afirma que “en Paraguay tenemos un maquillaje de división de los poderes del Estado. No son tres poderes, sino uno. Están vinculados por intereses partidarios. No hay ni independencia ni chequeo entre poderes, sino complicidad en la corrupción”.
Sobre el futuro, dice que es imprescindible “dejar de creer que las personas con visibilidad mediática y ruido son las que merecen liderarnos y empezar a mirar en nuestros barrios y apoyar a jóvenes líderes”.
Para María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), este nuevo estudio revela que en Paraguay no se castiga la corrupción, ni el crimen organizado ni el narcotráfico. La activista señala que “esta situación nos debe interpelar a los ciudadanos y debemos entender que mientras tengamos una justicia sometida a la clase política -porque no tenemos una justicia independiente- esta situación va a continuar”.
Expresó que es imperiosa la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la administración de la justicia, en el Ministerio Público para que este poder del Estado esté controlado. “Ese será un paso muy importante para apuntar a una justicia más independiente y más creíble”, finalizó.