La firma Dasca S.A.G.A.C.I. deberá recomponer más de 1.800 hectáreas de bosques naturales que deforestó en su reserva legal y además deberá adquirir 200 certificados de servicios ambientales. Esto tras comprobarse una denuncia presentada por IDEA en junio de 2019 mediante el cruzamiento de información pública.
El pasado 28 de julio se realizó la audiencia preliminar en la causa “A.F.S.O. s/ Infracción a la Ley 716/96 – Delitos ambientales” en el Juzgado de Primera Instancia Multifuero de la Ciudad de Mariscal Estigarribia, Departamento Boquerón, Chaco Paraguayo, ante el juez Oscar Fabián Gómez Melgarejo.
En dicha audiencia, el imputado (presidente de la firma DASCA S.A.G.A.C.I.) admitió la comisión del hecho punible de deforestación de la reserva legal de bosques naturales de 1.860 hectáreas de la estancia de 10.025 hectáreas ubicada en la Colonia Ñandé Mba’e del distrito de Mariscal Estigarribia, cuya titularidad pertenece a la firma DASCA S.A.G.A.C.I. Este ilícito está tipificado en el artículo 5, inciso e), de la Ley 716/96 que refiere al incumplimiento de medidas de mitigación de impacto ambiental.
El representante la firma se comprometió, luego de acordar con el Ministerio Público y la querella adhesiva, a recomponer el daño ambiental causado, mediante la clausura del área deforestada a perpetuidad, no habilitando su uso y solo realizar las actividades de regeneración de la naturaleza y recomposición ambiental que determine el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
Además, el imputado se comprometió a adquirir 200 certificados de servicios ambientales de una ecorregión chaqueña por el período de cuatro años, en carácter de indemnización del daño ambiental causado. De este modo, se cumplió a cabalidad con la disposición constitucional que establece que “todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar” (Artículo 8).
Como consecuencia de esta audiencia, el juzgado hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento estableciendo un período de prueba de dos años a favor del imputado, condicionado al cumplimiento de condiciones y reglas de conducta, y al cumplimiento a cabalidad del acuerdo mencionado.
La denuncia por deforestación fue presentada por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) el 19 de junio de 2019, luego de procesar información pública (datos del inmueble que constan en la base de datos del Servicio Nacional de Catastro y declaración de impacto ambiental que consta en el sitio web del MADES) junto con el procesamiento y análisis de imágenes satelitales actualizadas. De esta forma, se detectó que en el inmueble se había eliminado la reserva legal de bosques durante la vigencia del tristemente célebre Decreto 7702, pero sin contar con licencia ambiental que permitiera la eliminación de la superficie boscosa.
El área arrasada equivale al 14,5% de la superficie de la ciudad de Asunción, o casi el 5% del total de deforestación ilegal oficialmente estimada por el Instituto Forestal Nacional (INFONA) en el Chaco durante un año.
Luego de la apertura de la investigación, que estuvo a cargo del Agente Fiscal Andrés Eduardo Arriola Ramírez, se comprobó preliminarmente la veracidad de la denuncia mediante pericia de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público, a cargo del Ing. Daniel Aguadé; se llamó a declaración indagatoria al imputado y, posteriormente, se solicitó, a instancia del denunciante, un nuevo informe técnico que corroboró la deforestación y la magnitud del daño que se había causado.
IDEA solicitó intervenir en calidad de querellante adhesivo para ser parte en la causa y poder contribuir a obtener un resultado favorable para el ambiente. Invocó el artículo 38 de la Constitución que faculta a toda persona “a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente”, entendiendo que el ambiente es un bien de índole colectivo y su daño coloca en calidad de víctima de hechos punibles que atenten contra él a toda persona.
Aceptada la intervención de IDEA por parte del juzgado, se inició la negociación con la defensa técnica del imputado con un único fin: hacerle justicia al ambiente.
El precio de deforestar
El mayor desincentivo para deforestar es no poder aprovechar el área deforestada: se pierde la “inversión” realizada en deforestar (cuyo costo oscila entre 300 y 500 dólares la hectárea) y no se puede utilizar el área para actividades agrícolas o ganaderas, por lo cual no se puede ganar dinero aprovechándose del ilícito cometido. Si deforestar es “mal negocio” no hay racionalidad alguna en seguir haciéndolo. Este es el principal logro de este proceso judicial.
Lastimosamente, hay varios antecedentes de delitos ambientales en los que, por una u otra razón, se ha permitido a los delincuentes ambientales aprovecharse y ganar dinero con el fruto de sus delitos, pagando solo una “multa” y una donación a una escuela, un centro de salud o una fundación. Esto hasta se ha tornado parte del negocio, incluyendo estas erogaciones en los costos de “inversión”. También hay antecedentes de condena a prisión a tractoristas, motosierristas, camioneros y otros operarios por delitos ambientales, pero ningún responsable real –el dueño del establecimiento rural o del emprendimiento- ha ido preso. ¿De qué sirve una “condena” si se podrá usufructuar del objeto del delito? ¿Qué favor se le hace al ambiente enviando a prisión a empleados de establecimientos rurales quienes finalmente reciben mandatos? ¿De qué sirven las multas y castigos, si el daño ocasionado no se trata de mitigar o restaurar?
La denuncia, la intervención como querellante de IDEA y la negociación de este acuerdo tuvieron como propósito demostrar que es relativamente fácil y barato detectar deforestación usando información pública; y que se puede desincentivar la ilegalidad ambiental de manera racional y con apego a la ley.
Todo este proceso se vería facilitado si el Paraguay ratificara el Acuerdo de Escazú, el cual, precisamente, facilita el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en temas ambientales.
El área deforestada ya no será nunca más un bosque primario; sin embargo, con el tiempo, podrá reconvertirse en un bosque secundario de especies nativas, recomponiendo en parte los servicios y productos del ecosistema destruido, y podrá servir como lugar de investigación para estudiar los procesos de regeneración del bosque nativo. Un bosque secundario recupera en parte los servicios que permiten entre otros la captura y el almacenamiento de agua, el mantenimiento de los suelos, la polinización, el amortiguamiento del clima, lo cual debería contribuir a tomar mejores decisiones sobre manejo y restauración del paisaje boscoso del Chaco. Este desequilibrio entre los servicios ambientales que provee un bosque primario antes de ser dañado y los que proveerá en el proceso de regeneración queda jurídicamente compensado –aunque quizás no ecológicamente- con la indemnización que, en este caso, será destinada a mantener superficies boscosas que, de otro modo, podrían ser objeto, dentro del marco de la ley, de cambio de uso de suelo. Esto es, la indemnización implica que una porción de bosques nativos siga prestando servicios ambientales.
Para el fiscal Arriola este compromiso de DASCA S.A.G.A.C.I. es un caso ejemplar. “Casi siempre se están dando salidas de multas o penas carcelarias que no eran ejecutadas. Entonces es muy importante lograr estas salidas de recomposición del lugar donde se llegó a perjudicar al medio ambiente, así como una retribución para la sociedad como son los servicios ambientales”, señaló al finalizar la audiencia.
Explicó que “con el avance de la tecnología ahora no hace falta llegar al sitio (que era uno de los mayores obstáculos por el alto costo que representaba). En cualquier parte del mundo se puede identificar (el desmonte ilegal) y es sumamente importante para el Ministerio Público este tipo de denuncias de cualquier persona”.
Otros dos casos
La denuncia inicial presentada por IDEA era por la deforestación de tres propiedades, totalizando unas 4.000 hectáreas, todas ellas de manera innominada pero consignando los datos georreferenciados para facilitar el trabajo del Ministerio Público. Entre las tres propiedades, el caso de DASCA S.A.G.A.C.I. era el que mayor superficie contemplaba. Las otras dos están ubicadas en el Departamento Alto Paraguay y su investigación también está a cargo del fiscal Arriola.
Al respecto, Arriola señaló que “estas causas están siendo investigadas, aunque de manera un poco más lenta por la sobrecarga laboral que existe en la zona chaqueña. Pero esperamos avanzar y tener novedades pronto. Ojalá con el mismo resultado auspicioso que en este caso”.