“Si quieres que algo sea hecho nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, crea una comisión”. La autoría de esta frase fue atribuida a varios personajes a lo largo de la historia, para nosotros hoy eso es lo de menos, lo que nos importa es que en Paraguay se creó una comisión para analizar las declaraciones juradas de bienes de las autoridades, conformada por el Ministerio Público, la Contraloría y la Subsecretaría de Estado de Tributación y como ciudadanos paraguayos, estamos deseosos de ver sus resultados.
Pareciera que, de manera individual, ninguna de las instituciones nombradas pudo ser capaz de cumplir la misión encomendada por el ordenamiento jurídico que rige paso a paso la responsabilidad que les ocupa. Tan paupérrima es la actuación de control institucional que, según publicación del Diario ABC, en 2019 solo se realizaron 17 exámenes de correspondencia de un millón de declaraciones juradas.
La misma lógica aplica para el Ministerio Público cuando la fiscal Liliana Alcaraz, de la Unidad de Lucha contra Delitos Económicos, afirma que “las publicaciones de las declaraciones juradas no son suficientes para actuar de oficio”.
Podríamos citar los artículos de la Constitución o de las leyes que con toda claridad establecen las responsabilidades inherentes a cada institución, pero muchos de los medios de comunicación ya han realizado ese recordatorio de manera reiterada.
Desde IDEA hacemos hincapié en la gran oportunidad que la publicación de las declaraciones juradas representa para el empoderamiento ciudadano. Esto es una herramienta indispensable de control para el efectivo funcionamiento de las instituciones del Estado.
Los controles, tanto jurídicos como fácticos, deben estar en manos de la ciudadanía. Es una necesidad que no se puede seguir postergando.