Antes de que iniciara la semana que pasó, ya había habido imputaciones contra las exautoridades de la DINAC por el escándalo de la adquisición de tapabocas con un presunto notorio sobreprecio. Al iniciar la semana, nos enteramos de la rescisión del contrato con las firmas Imedic SA y Eurotec SA por la fallida provisión de insumos médicos para enfrentar las consecuencias de la pandemia del Coronavirus y el inicio de un sumario administrativo.
Al promediar la semana, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) denunció a 98 funcionarios públicos por el presunto cobro irregular del subsidio Ñangareko. La semana concluyó con la imputación de la expresidenta de Petropar y otras exautoridades y proveedores del Estado por la presunta compra con sobreprecio de tapabocas y agua tónica.
Todos estos casos fueron descubiertos por el control ciudadano; por capturas de pantalla y por cruzamientos de datos que luego se convirtieron en tuits y otros posteos en redes sociales. La prensa luego se hizo eco de ellos y siguió profundizando en las investigaciones. Hoy, todos están siendo objeto de investigación judicial.
Si viviéramos en un real Estado de Derecho podríamos confiar en que las instituciones harían su trabajo en forma adecuada. Sin embargo, estamos en proceso de transición hacia ese aún utópico -para nosotros- Estado de Derecho. Una vez más, le toca a la ciudadanía estar controlando la labor de la Justicia (Ministerio Público y órganos jurisdiccionales) para intentar atenuar las influencias del poder político y económico sobre jueces y fiscales.
Ahora bien, el Poder Judicial debe hacer su parte y adaptarse a los tiempos en los que vivimos. Debemos poder conocer lo que ocurre en los expedientes: qué se hace, quién lo hace, cuándo lo hace. Estamos hablando de casos de corrupción pública, no de conflictos entre privados que no se han sometido voluntariamente al escrutinio público.
La cuarentena y la debacle económica que está causando nos están obligando a tener un protagonismo y una participación en el control de la cosa pública como nunca antes. Simplemente porque nuestra vida, nuestras libertades y nuestra prosperidad son las que están en juego.
Es la presión ciudadana la que consigue que haya atisbos de transparencia; pero no es suficiente. Los esfuerzos que el pueblo paraguayo está haciendo tienen como contrapartida un deber de los gobernantes, de los mandatarios, de rendir cuentas y de facilitar el control de la ciudadanía.